En medio de la presión por adeudos a municipios, Mijes pide auditar las principales obras del Estado

A cinco días de que cerca de una veintena de alcaldes de Nuevo León exigieran al Gobierno del Estado el pago de hasta mil 700 millones de pesos retenidos a los municipios, y en un contexto de cuestionamientos por el avance de las Líneas del Metro y los problemas de movilidad, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, abrió este viernes un nuevo frente político al solicitar a la Auditoría Superior del Estado una revisión del manejo de los recursos públicos destinados a las principales obras de la administración estatal.

La petición, presentada ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), incluye una revisión al Distribuidor Vial Triángulo Norte, las obras del Metro, la Carretera Interserrana, el Impuesto Verde, los recursos destinados al Mundial de Futbol y la Red Estatal de Autopistas.

Aunque la solicitud no implica el inicio de un procedimiento sancionador ni un juicio político contra el gobernador Samuel García, sí vuelve a colocar en el centro del debate el destino de miles de millones de pesos ejercidos en algunos de los proyectos más importantes del actual sexenio.

Al acudir personalmente a presentar la solicitud, Mijes aseguró que quien exige transparencia también debe estar dispuesto a rendir cuentas, por lo que afirmó tener «las manos limpias» y la autoridad moral para pedir que se revise hasta el último peso del dinero público.

«El que nada debe, nada teme; por eso no vine a pedir un amparo; vine a pedir auditorías. Tengo las manos limpias, la conciencia tranquila y la autoridad moral para exigir que se revise hasta el último peso del dinero público», expresó.

Al precisar que tal y como lo ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el dinero del pueblo es sagrado, por ello indicó que confianza se gana dando la cara.

El alcalde sostuvo que su postura no busca una confrontación política, sino responder a una demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas, al considerar que los recursos públicos deben ser fiscalizados sin excepción.